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La Sesión Ordinaria 431 de la Cámara de Senadores, aprobó este martes los dos proyectos de ley que aprueban los contratos que subscribió el Gobierno central, con el Banco Mundial (BM) (Ley 689/2019-2020) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Ley 731/2019-2020).
Ambas leyes financiarán el pago del Bono Contra el Hambre de Bs 1.000, que ya había sido promulgado previamente a través de la Ley 1330. Los contratos, que ascienden a un monto de $us 704 millones, fueron remitidos al Órgano Ejecutivo para su publicación en la Gaceta Oficial.
Financiamiento para el bono
Según el artículo 3 de la Ley 1330, el Bono Contra el Hambre será financiado con los recursos provenientes de la reposición a ser efectuada en el marco de dos contratos de crédito externo, a ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Apunta al Contrato de Préstamo N° 9115-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del BM, por $us 254,3 millones. Y el contrato de préstamo N° 5039/OC-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el BID, por $us 450 millones.
Recurso de Inconstitucionalidad
El 21 de septiembre, el Órgano Ejecutivo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Bono Contra el Hambre. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, solicitó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dicte como medida cautelar, la inaplicabilidad de la norma, hasta que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto.
El Bono había sido sancionado por la mayoría del MAS en la Asamblea y para el Ejecutivo, estaba siendo utilizada de forma “meramente política”, porque las características del beneficio no fueron consultadas con el Gobierno central.
Uso de los recursos
Pero para el pago del Bono a los beneficiarios (las personas que no reciban ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado, sean mayores de 18 años a la promulgación de la presente Ley y sean madres que reciban el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y beneficiarios del Bono Universal), se tendrá que pasar por algunas aclaraciones de parte de los organismos acreedores.
El BM y el BID habían adelantado, cada uno por su parte al Gobierno que, los recursos facilitados al Estado boliviano no pueden utilizarse para otros fines que no estén consignados en los contratos de préstamo.
El Ministerio de Planificación del Desarrollo consultó hace dos meses a ambas organizaciones multilaterales, si considerarían “gastos elegibles” dentro del objeto y alcance del Contrato de Préstamo de la referencia gastos asociados, al pago de otro tipo de transferencias monetarias.
“Informamos a usted que, de acuerdo con el análisis de Banco, el pago de otras transferencias no incluidas en el listado, no sería elegible total ni parcialmente, bajo los términos del contrato de financiamiento firmado entre las partes”, respondió Alejandro Melandri, representante del BID, a la carta del viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga.
En otra carta, el BM también respondió al Gobierno. “En el caso del Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia para la Crisis del Covid-19 en Bolivia, sólo hay tres gastos elegibles, que son: pagos realizados a los beneficiarios del Bono Familia, del Bono Canasta Familiar y del Bono Universal; costos por los servicios de pago a través del sistema bancario; y costo de una auditoría financiera anual a realizarse por una empresa independiente”, señala Indu John-Abraham, representante residente del BM en Bolivia.
El presidente electo
El Bono Contra el Hambre, fue un proyecto presentado por el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora en tiempos proselitistas. En los últimos días, el ahora, presidente electo, aseguró que el beneficio se pagará antes de que acabe el 2020.
“Una de nuestras primeras medidas será promulgar el decreto que establezca y norme el Bono contra el Hambre para que se cobre este año. El financiamiento está asegurado”, afirmó.
Fuente. El Deber
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