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El ente matriz que aglutina a las clínicas privadas de Bolivia instruyó a sus afiliados a sumarse al paro del sector médico y de salubridad que determinó un paro indefinido hasta el próximo 28 de febrero en protesta por la puesta en vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria que pone en riesgo a este sector en varios de sus artículos, según su dirigencia.
A través de un comunicado los propietarios de estos centros privados de salud hicieron conocer un comunicado en el que explican los argumentos de su determinación, sin embargo, mantendrán la atención de los casos de emergencia.
“Nos declaramos unidos al CONASA (Consejo Nacional de Salud) en paro nacional, pidiendo se abrogue esta ley que es un peligro nacional y se construya en conjunto, sin imposiciones”, cita el comunicado.
En criterio de las clínicas privadas, la ley recientemente promulgada es inconstitucional porque no fue consultada y atenta contra la estabilidad laboral de los trabajadores de salud y pone en riesgo el funcionamiento de las clínicas privadas, “con medidas autoritarias que no existen en ningún país de Sudamérica”.
Los propietarios de las clínicas argumentan que realizan fuertes inversiones para que estos centros ofrezcan las mejores condiciones y facilidades para atender a sus pacientes, pero que con la ley recientemente promulgada regularán sus actividades sin considerar que son muy distintas a las de cualquier rubro comercial.
Refiere a que dicha norma, entre muchas de sus imposiciones tendría un total desconocimiento de la realidad del sector y las desacredita.
“La Ley de Emergencia Sanitaria es inconstitucional, ilegal, inconsulta, destructiva y atenta contra la salud del pueblo boliviano y contra la estabilidad laboral de todos los trabajadores de salud que lucharon en esta pandemia”, dice parte del documento.
La Ley de Emergencia Sanitaria establece dos artículos para los centros privados de atención médica. El artículo 17 hace referencia a los precios de los medicamentos y un control desde el Estado a través de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), en coordinación con la Autoridad de Fiscalización de Empresas (Aemp).
El artículo 20, prohíbe expresamente que las clínicas realicen cobros adelantados por atenciones en tiempos de crisis de salud. “Desde la vigencia de la presente Ley, y sin mediar reglamento alguno, no se podrá exigir depósitos previos, garantías o cualquier tipo de cobro anticipado en los establecimientos de salud del subsector privado”, señala este artículo.
El pronunciamiento fue rubricado por 28 centros privados de atención de salud, haciendo notar que aportan con el 50% de las unidades de terapia intensiva que funcionan en el país.
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